El fenómeno de la ocupación de viviendas refleja la tensión que puede darse entre el derecho que tienen los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE), y el derecho a la propiedad privada (art. 33 CE). Esta tensión se ha puesto de manifiesto en los últimos años, en los que la crisis económica ha multiplicado de forma alarmante las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, llevando a una situación de desprotección a muchas familias y dejando muchas viviendas desocupadas.
La consecuencia directa de esta situación ha sido el crecimiento del “fenómeno okupa”, y dentro de éste, de su peor versión, aquélla que nada tiene que ver con las necesidades habitacionales de las familias que quedaban en situación de vulnerabilidad, y sí con personas y grupos mafiosos que con una finalidad lucrativa ocupan ilegalmente viviendas, incluso de alquiler social, pidiendo para abandonarlas el pago de cantidades y extorsionando a sus propietarios.
Los procedimientos previstos hasta ahora en nuestra legislación, no ofrecían una respuesta los suficientemente ágil y eficaz a este problema. Urgía por ello regular nuevo procedimiento que fuera capaz de dar una respuesta ágil y eficaz para recuperar la posesión de estas viviendas, ilegítimamente ocupadas, tanto por parte de los propietarios o legítimos poseedores, como por parte de entidades públicas y entidades sim ánimo de lucro encargadas de la gestión de viviendas dedicadas a fines sociales.
Es éste el objetivo de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la LEC en relación a la ocupación ilegal de viviendas (BOE 12 de junio), que crea un nuevo procedimiento sumario dentro del juicio verbal, cuyo objetivo es garantizar la inmediata recuperación de la vivienda ocupada a sus legítimos poseedores.
Este Especial monográfico desgrana las claves esenciales de la reforma y ofrece un análisis experto del nuevo procedimiento, tanto desde el punto de vista de la tutela ofrecida por el mismo, como de los avances que presenta en materia de ejecución, siempre problemática en este tipo de procesos.
Incluye el Especial una entrevista a Jesús Sánchez García, Abogado y Secretario de la Junta de Govern del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, y Director del grupo de trabajo que, dentro de la Comisión de Normativa del Colegio de la Abogacía de Barcelona y del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, elaboró el texto que ha servido de base para la tramitación de la Ley.
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