El presente Especial analiza la aplicación práctica del principio de oportunidad en el ámbito penal. El principio de oportunidad hace referencia a la posibilidad, en determinados supuestos, de preferir la imposición de una pena inferior a la que correspondería, o incluso su exención, atendiendo a criterios, precisamente, de oportunidad (Justicia del caso concreto, pacificación del conflicto, minimización la «doble victimización», humanización del proceso…).
Este principio está contemplado en otros ordenamientos europeos, y, aunque no está expresamente reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, sí que existen manifestaciones del mismo: el art. 579 bis.3 permite una rebaja sustancial de la pena al terrorista «arrepentido», o el art. 83.1.7ª autoriza al juez a suspender la aplicación de la pena privativa de libertad al drogadicto que decida someterse voluntariamente a un procedimiento de curación, etc.
La aplicación de este principio ofrece, sin embargo, importantes dudas en su relación con los principios clásicos (legalidad, seguridad jurídica). Y su entrada con fuerza en los procesos supondría un cambio de paradigma en el proceso judicial.
Es éste un debate que no ha sido especialmente analizada en el ámbito doctrinal, y sin embargo, tiene una gran trascendencia práctica. Este Especial, y el Proyecto de investigación en que se enmarca, intentan cubrir ese vacío, analizando la aplicación de este principio en diversos ámbitos y desde varios enfoques.
La publicación se enmarca en el Proyecto de Investigación I+D+I de Excelencia, titulado «Postmodernidad y proceso europeo: La oportunidad como principio informador del proceso judicial», del Ministerio de Economía y Competitividad, del que son investigadores principales los Directores de este estudio monográfico, Sonia Calaza López (Catedrática de Derecho procesal de la UNED) y José Carlos Muinelo Cobo (Profesor titular de Filosofía jurídica de la UNED).
Los autores de este Especial, Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia, vienen a engrosar el grupo inicial de investigadores, convirtiéndose por tanto este Proyecto en un ejemplo de estrecha colaboración entre la Universidad y los actores jurídicos, con el objetivo de crear «una auténtica “escuela de pensamiento” o “corriente de pensamiento científico” con un nutrido grupo de especialistas».
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